¿Qué hace exactamente un procurador?

Un procurador representa al cliente ante el juzgado, coordina notificaciones, plazos y trámites para que el expediente avance sin sobresaltos.

17/11/2025

Un procurador es el profesional que asume la representación procesal del cliente ante los tribunales. Su papel es complementario al del abogado: mientras el abogado diseña la estrategia jurídica y defiende verbalmente los intereses del cliente, el procurador se encarga de que cada actuación llegue al juzgado con los requisitos formales correctos, dentro del plazo y con la documentación exacta. En Madrid esto supone presentar escritos en Plaza de Castilla, tramitar en LexNET y coordinar envíos físicos cuando alguna sede todavía no está digitalizada.

Además de registrar los escritos, el procurador vigila el expediente a diario. Esto implica revisar notificaciones, comprobar señalamientos, avisar al abogado y al cliente en cuanto entra una resolución y, si es necesario, solicitar copias o certificaciones. En la práctica actúa como un gestor especializado de procedimientos judiciales. Su seguimiento es continuo: comprueba que cada oficio haya sido diligenciado por el órgano competente, confirma que los exhortos se remiten y que no falte ningún dato que pueda retrasar el avance del asunto.

Otra función clave es la de comunicar con las distintas oficinas judiciales. El procurador mantiene un trato habitual con los letrados de la Administración de Justicia, con los funcionarios de registro y con los servicios comunes. Gracias a esa relación puede detectar incidencias de forma inmediata, por ejemplo si un expediente ha quedado paralizado por falta de documentación o si se ha producido un cambio en el juzgado competente. Este conocimiento del día a día judicial permite anticiparse y evita sorpresas justo antes de un juicio o al presentar un escrito urgente.

Cuando el procedimiento exige desplazamientos, el procurador también los realiza. Se persona en los juzgados de primera instancia, en los decanatos o en los servicios de notificaciones para recoger oficios y entregarlos donde corresponda. En ejecuciones, por ejemplo, debe coordinar con registros de la propiedad, con entidades bancarias o con notarías para que los mandamientos surtan efecto. Ese trabajo de campo es invisible muchas veces para el cliente, pero es esencial para que el expediente avance y la sentencia pueda cumplirse en tiempo razonable.

En procedimientos con varios juzgados implicados, el procurador se convierte en el centro logístico. Coordina los exhortos entre partidos judiciales diferentes, solicita copias testimoniadas y controla la recepción de comisiones rogatorias. También canaliza las solicitudes de los abogados: si se necesita copia digitalizada del expediente para estudiar un recurso, el procurador la pide y la entrega con seguridad. Así el abogado puede concentrarse en el análisis técnico mientras el procurador se ocupa de la gestión administrativa y del contacto directo con la oficina judicial.

Otra faceta importante es la de asesorar sobre trámites previos y posteriores a cada actuación. El procurador indica qué poderes se necesitan, cómo otorgarlos y cuándo renovarlos. En el caso de empresas o de particulares que litigan poco, esa guía evita errores formales que podrían hacer inadmisible una demanda. Tras la sentencia, el procurador también supervisa la notificación a las partes, calcula plazos para recurrir y organiza la ejecución si la parte contraria no cumple voluntariamente.

La digitalización ha ampliado su función: ahora gestiona plataformas como LexNET, E-justicia o el Punto Neutro Judicial. Esto implica comprobar que los ficheros se suben con el formato correcto, que las firmas electrónicas sean válidas y que las notificaciones telemáticas se descarguen en plazo. Un procurador acostumbrado a trabajar con estas herramientas reduce los fallos técnicos que todavía se producen en los juzgados madrileños y ofrece estadísticas sobre los tiempos de respuesta de cada órgano.

Por último, el procurador es el interlocutor del cliente ante el juzgado. Responde a dudas prácticas, coordina con otros litigios que pueda tener el cliente y, en caso de mediación o transacción, ayuda a formalizar el acuerdo para que tenga efectos procesales. Su papel no es visible en sala, pero sí en todo lo que sucede antes y después de la vista. En definitiva, es el profesional que garantiza que el engranaje judicial funcione y que el esfuerzo del abogado se traduzca en actuaciones válidas y oportunas.