Diferencia entre abogado y procurador
Abogado y procurador colaboran en cada procedimiento, pero sus responsabilidades son distintas: uno diseña la estrategia jurídica y el otro ejecuta la representación ante el juzgado.
17/11/2025

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En España la defensa jurídica se articula con dos figuras complementarias: el abogado y el procurador. El abogado asesora jurídicamente, elabora la estrategia, redacta los escritos de fondo y ejerce la defensa oral en las vistas. El procurador se ocupa de la representación procesal, de la logística de los escritos y de mantener el expediente al día ante el juzgado. Ambos trabajan de forma coordinada, pero sus funciones están diferenciadas por ley y cada uno responde de una parcela concreta del procedimiento.
El abogado es quien recibe inicialmente al cliente, analiza la viabilidad del asunto y define la estrategia. Redacta la demanda, las contestaciones, los recursos y comparece en las vistas para argumentar. Su formación está orientada a la interpretación normativa y jurisprudencial. Además, negocia acuerdos, asesora sobre riesgos y costes y acompaña al cliente en las decisiones más complejas. En un litigio mercantil, por ejemplo, el abogado determinará qué acciones ejercitar, qué pruebas proponer y cómo contraargumentar la postura contraria.
El procurador, por su parte, asume la representación procesal mediante un poder otorgado ante notario o por comparecencia apud acta. Eso le permite actuar en nombre del cliente para presentar escritos, recibir notificaciones, diligenciar mandamientos y ejecutar las resoluciones que dicte el tribunal. También vigila los plazos, algo crítico en Madrid donde las notificaciones telemáticas se acumulan cada día. Sin su intervención, el cliente tendría que desplazarse continuamente al juzgado para firmar cada escrito y recoger cada resolución.
Otra diferencia es la especialización operativa. El procurador conoce de forma exhaustiva el funcionamiento interno de cada oficina judicial. Sabe qué documentación exige cada servicio común, qué formatos acepta cada plataforma y qué trámites se pueden agilizar. El abogado normalmente no dispone de ese tiempo porque se dedica a preparar estrategias, estudiar jurisprudencia y atender a varios clientes. Por ello se apoya en el procurador para que la parte burocrática fluya sin fricciones.
En cuanto a la responsabilidad, el abogado responde ante el cliente por la calidad de su asesoramiento y defensa. Si omite un argumento clave o presenta fuera de plazo un recurso, la consecuencia recae directamente sobre él. El procurador responde por la correcta representación: debe garantizar que los documentos lleguen y que el tribunal conozca cualquier comunicación relevante. Si una notificación no se atiende a tiempo por su falta de diligencia, podría incurrir en responsabilidad civil.
Los honorarios también se gestionan de forma separada. El cliente contrata al abogado por su tiempo y conocimiento jurídico, mientras que al procurador se le remunera por procedimiento con base en los aranceles aprobados por el Ministerio de Justicia. En muchos casos, ambos profesionales coordinan presupuestos cerrados para que el cliente sepa cuánto le costará litigar. Esta transparencia ayuda a evitar malentendidos y refleja que se trata de servicios diferentes aunque interdependientes.
En procedimientos sencillos, como monitorios de pequeña cuantía, la ley permite que el cliente actúe solo con abogado o incluso sin ninguno de los dos. Sin embargo, en la mayoría de juicios civiles y contencioso-administrativos es obligatoria la intervención conjunta de abogado y procurador. Renunciar a esta fórmula puede generar retrasos, errores formales o directamente que el juzgado no admita el escrito. De ahí que los despachos experimentados tiendan a trabajar con procuradores de confianza.
En resumen, el abogado es quien diseña la estrategia y defiende el fondo del asunto, mientras que el procurador garantiza que todo el engranaje procesal funcione. Cuando ambos colaboran de manera sincronizada, el cliente recibe un servicio integral: asesoramiento técnico, defensa en sala y una gestión impecable del expediente. Comprender esta diferencia ayuda a valorar por qué cada profesional es imprescindible para que un procedimiento llegue a buen puerto.
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